Ribera ironiza con que los aranceles de Trump se aplican incluso a «islas con pingüinos»

Ribera describe la decisión del presidente Trump de imponer aranceles del 10% a todo el mundo, y más elevados, del 20%, a productos europeos, como una medida «unilateral», que «quiebra todo el derecho internacional en todos los frentes», en contraste con la legislación europea, que según ella es «una regulación general para todos los operadores que operan en el mercado europeo» y «no vulnera ni el derecho internacional ni las reglas de la Organización Mundial del Comercio». Subraya que se trata de una decisión soberana europea enmarcada en competencias legítimas de los Estados miembros, mientras que, en su opinión, lo propuesto por Trump rompe las normas multilaterales.

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Enrique Serbeto | Corresponsal en Bruselas

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Cuando se le plantea si no resulta contradictorio que la Comisión Europea defienda su soberanía regulatoria mientras critica medidas similares de Estados Unidos, Ribera insiste en que no es comparable: «Nosotros no podemos negociar sobre nuestras propias decisiones soberanas, no tiene sentido hacerlo».

El equipo de Trump se basa en una declaración de emergencia nacional para aplicar los aranceles, una fórmula prevista por la legislación estadounidense que le otorga autoridad para imponer este tipo de medidas de forma excepcional.

Asegura que la legislación europea se aplica de forma objetiva y no discriminatoria a todas las empresas que operan en el mercado comunitario, independientemente de su país de origen. En cambio, califica la medida estadounidense como motivada por intereses comerciales, basada en «una fórmula» que, ironiza, incluye incluso a «islas con pingüinos», en alusión a la arbitrariedad del sistema de cálculo anunciado por Trump. A su juicio, la decisión responde más al déficit comercial de EE.UU. que a una preocupación por normas regulatorias.

Ribera criticó precisamente esa lógica comercial de los aranceles: «Está claro que tiene mucho más que ver con los balances comerciales que con ninguna otra cosa», dijo, reiterando que la Ley de Mercados Digitales «no es una norma que esté pensada para actuar contra empresas americanas, sino para proteger a los consumidores europeos». Añadió que la norma se aplica por igual a todas las empresas que operan en el mercado europeo.

La Casa Blanca y el informe comercial del equipo de Trump señalan esa normativa como una de las principales barreras para las tecnológicas estadounidenses y justifican con ella la imposición de nuevos aranceles. Acusan a Bruselas de aplicar sanciones excesivas a empresas como Google, Apple, Amazon, Meta o Microsoft, consideradas «guardianes de acceso» por su peso en el entorno digital. Ribera, sin embargo, rechaza que se trate de una legislación dirigida contra firmas estadounidenses y defiende que su objetivo es garantizar el funcionamiento justo de los mercados digitales y evitar abusos de posición dominante.

Consultada por ABC sobre las críticas de las Casa Blanca de que esa ley digital se aplique por igual a socios militares como Estados Unidos y a dictaduras como la de China, Ribera respondió que todas las compañías que operan en Europa están sujetas a las mismas reglas y que la china TikTok ya ha sido designada como «guardián de acceso». Añadió que las preocupaciones sobre el uso de datos o la transparencia se abordan desde la seguridad y los códigos de conducta, no exclusivamente desde el ámbito de la competencia.

Durante su visita, Ribera mantuvo encuentros con responsables de la Comisión Federal de Comercio y del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Aseguró haber constatado coincidencias en el diagnóstico sobre la necesidad de supervisar adecuadamente el poder de las grandes plataformas digitales. También subrayó que la Ley de Mercados Digitales fue elaborada con participación internacional, incluida la primera Administración Trump, que conocía y discutió su desarrollo desde el inicio.

Teresa Ribera es vicepresidenta primera de la Comisión Europea para la Transición Limpia, Justa y Competitiva por designación del gobierno de Pedro Sánchez. Antes fue ministra para la Transición Ecológica en España. Coordina políticas de competencia, regulación digital y transición ecológica, incluida la implementación de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Su papel es clave en la defensa del modelo regulador europeo frente a presiones externas como los aranceles estadounidenses.